Daniel, un trabajador agrícola de una zona rural de Machala, sobrevivió a un ataque armado ocurrido a inicios de 2026 mientras cumplía un turno nocturno. Dos camionetas llegaron al lugar y varios hombres comenzaron a disparar, dejando herido a uno de sus compañeros. Para salvar su vida, tuvo que esconderse mientras se desarrollaba el enfrentamiento. Su historia refleja una realidad cada vez más frecuente en Ecuador: personas ajenas al crimen organizado terminan siendo víctimas de ataques armados.
Según el Observatorio Nacional del Crimen Organizado, las masacres mantienen una tendencia similar a la de los homicidios. En 2024 se registraron 262 casos, en 2025 la cifra disminuyó a 192 y, hasta abril de 2026, ya se contabilizan 94 casos preliminares. Especialistas en seguridad explican que estos ataques, antes concentrados en los centros de privación de libertad, ahora ocurren principalmente en las calles debido al fraccionamiento de las organizaciones criminales, las disputas por el control territorial y el fácil acceso a armas de fuego, utilizadas en cerca del 90 % de los homicidios registrados el último año.
La Policía Nacional señala que las primeras unidades en llegar a una escena violenta son las encargadas de evaluar el riesgo, proteger a la ciudadanía y establecer un perímetro de seguridad para preservar las evidencias y facilitar la investigación. Sin embargo, los expertos advierten que la expansión de las masacres fuera de las cárceles evidencia una transformación del crimen organizado, donde los enfrentamientos entre grupos delictivos incrementan el riesgo para la población civil y dejan cada vez más víctimas colaterales.
