El consumo y la comercialización de medicamentos sin registro sanitario se ha consolidado como una problemática crítica de salud pública en Ecuador. Estos productos, que ingresan al país por vías irregulares, carecen de controles de calidad y garantías de seguridad, exponiendo a los pacientes a fallas terapéuticas o efectos adversos graves. Según datos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), tras un cierre de 2025 con casi 900 mil productos retirados, la tendencia continúa en 2026, superando ya las 60 mil unidades decomisadas en operativos realizados a más de 1,200 establecimientos y centros de salud.
Los testimonios de afectados, como el de Sara quien sufrió severas reacciones cutáneas y marcas permanentes tras ingerir fármacos irregulares, evidencian que las consecuencias pueden ser devastadoras.
