La violencia vuelve a colocar a Ecuador en estado de alerta. Los recientes casos de Nathaly Mafla, una joven universitaria hallada sin vida en Quito, y de la activista Mónika Silva, encontrada muerta en Montañita, han reavivado el debate sobre la inseguridad y la capacidad del Estado para responder a una crisis que continúa cobrando vidas en todo el país.
El dolor por estas pérdidas se trasladó a las calles. Decenas de ciudadanos participaron en un plantón en Quito para exigir justicia y recordar a las víctimas de una violencia que afecta a miles de familias ecuatorianas. Mientras tanto, las estadísticas reflejan la magnitud del problema: Ecuador registró más de 9.000 homicidios en 2025 y, en los primeros cuatro meses de 2026, ya suma cerca de 2.800 muertes violentas.
La situación también preocupa a nivel internacional. El Índice de Paz Global 2026 ubica a Ecuador entre los países con mayor deterioro en materia de seguridad, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y el incremento de la violencia. Aunque el Gobierno mantiene estrategias como estados de excepción y operativos de control, expertos advierten que los resultados aún no logran revertir una crisis que sigue golpeando a la sociedad ecuatoriana.
