El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró este 3 de junio de 2026 que nunca dio la orden para contratar a la empresa Progen durante su paso por el Ministerio de Energía.
Las declaraciones se dieron en una entrevista con Primera Plana, donde abordó temas relacionados con los contratos emergentes de generación eléctrica, las investigaciones de la Fiscalía y su papel durante la crisis energética de 2024.
Según Luque, la fase precontractual de los proyectos Salitral y Quevedo comenzó después de su salida del Ministerio, el 2 de julio de 2024. ¿Qué significa esto? Que, según su versión, los procesos que posteriormente derivaron en los contratos investigados no fueron ejecutados durante su gestión.
El funcionario recordó que asumió el Ministerio de Energía el 16 de abril de 2024, en medio de los apagones que afectaban al país. Una de sus primeras decisiones fue emitir la declaratoria de emergencia eléctrica, medida que posteriormente fue avalada por la Corte Constitucional.
De acuerdo con Luque, el acuerdo establecía que Celec se encargara de las contrataciones emergentes necesarias para incorporar nueva generación eléctrica. Entre las necesidades identificadas se encontraban 100 megavatios para Salitral, 50 para Quevedo, 25 para Santa Elena y capacidad adicional para Esmeraldas.
Otro de los temas abordados fue su visita a las instalaciones de Progen en Estados Unidos. El exministro aseguró que el viaje tuvo como objetivo recopilar información para elaborar un plan de acción frente a la emergencia energética y no seleccionar proveedores para futuras contrataciones.
Respecto a la investigación iniciada por la Fiscalía en agosto de 2025, Luque afirmó que entregó toda la información solicitada, incluyendo registros migratorios, correos electrónicos, llamadas y movimientos bancarios. También señaló que, tras más de ocho meses de investigación y decenas de versiones recabadas, no fue incluido en la formulación de cargos.
Finalmente, sostuvo que Progen habría estafado al Estado ecuatoriano y afirmó que corresponde a la Fiscalía determinar si existieron funcionarios públicos involucrados en posibles actos de corrupción relacionados con los contratos eléctricos.
