Durante la mañana del jueves 6 de junio, a las afueras de la Asamblea Nacional, el movimiento manifestó su intención de llevar a juicio político al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres.
Esta acción surge después de que el TCE excluyera al movimiento del registro de organizaciones políticas de Ecuador, debido al incumplimiento en la presentación del informe económico y financiero correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 de la agrupación.
La sentencia impuso una multa equivalente a 35 salarios básicos ($16,100) y suspendió los derechos políticos del representante del movimiento, Raúl González.
El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, explicó que entre los fundamentos para solicitar el juicio político contra Ángel Torres se encuentran el incumplimiento al infringir el principio de seguridad jurídica, de legalidad, y por haber actuado en contra de la normativa expresa que establece que no hay sanción cuando hay un supuesto incumplimiento en la presentación de un balance ordinario.
El partido afirmó que la responsabilidad política del juez será sometida a juicio político en el pleno de la Asamblea en los próximos días.
