En noviembre de 2024, Tommy fue víctima de un asalto mientras regresaba a su casa. Tras presentar la denuncia, su caso no ha registrado avances. Su situación se suma a la de otros ciudadanos cuyos procesos permanecen en investigación dentro del sistema judicial ecuatoriano.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en 2025 se contabilizan 341.784 noticias del delito. El 91,5% corresponde a delitos no flagrantes, que requieren procesos investigativos más extensos. Actualmente, el país dispone de 870 fiscales, lo que representa 4,87 por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior al estándar internacional de al menos 8. Según datos oficiales, se necesitarían al menos 631 fiscales adicionales con sus equipos técnicos para cubrir la demanda.
Desde el ámbito jurídico, profesionales del derecho señalan que la carga procesal y las limitaciones institucionales inciden en la duración de las investigaciones. También advierten que la acumulación de causas impacta en el acceso a la justicia. Entre las alternativas planteadas constan reformas normativas y la derivación de delitos menores a mecanismos como la mediación, con el objetivo de optimizar recursos y reducir la carga del sistema.
En Ecuador hay apenas 4,87 fiscales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del estándar internacional. Casos como el de Tommy siguen sin respuesta, mientras el sistema enfrenta un déficit que impacta directamente a las víctimas. pic.twitter.com/KY5SrUFQ0g
— Udla Channel (@UdlaChannelEc) April 8, 2026
