La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el presunto uso irregular de las cámaras de videovigilancia de Segura EP, empresa municipal encargada de la seguridad y gestión de riesgos en Guayaquil.
Según la funcionaria, el sistema tecnológico que fue implementado para fortalecer la seguridad ciudadana habría sido utilizado con fines de espionaje y persecución política.
La ministra aseguró que, detrás de este presunto mal uso, existiría una estructura que habría operado de forma irregular dentro del sistema de videovigilancia. Morillo señaló directamente al expresidente Rafael Correa como presunto líder de esta red, y afirmó que las cámaras habrían sido utilizadas para fines distintos a los establecidos.
La denuncia también solicita que se investigue a varias personas presuntamente vinculadas al caso. Entre ellas constan el expresidente Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, el expresidente del Directorio de Segura EP Fernando Cornejo, el funcionario Franklin Asqui y el exintegrante policial Rodney Rengel.
La ministra indicó además que se habrían configurado varios posibles delitos dentro del proceso de investigación. En ese sentido, señaló que se pidió a la Fiscalía analizar presuntos casos de peculado, mal uso de información pública, intimidación y otros que puedan desprenderse de las indagaciones.
Este caso ya había generado reacciones en la Asamblea Nacional, donde días atrás legisladores impulsaron un proceso de fiscalización sobre el uso de las cámaras de Segura EP, tras la difusión de audios que presuntamente evidenciarían seguimientos realizados a través del sistema de videovigilancia.
Tras conocerse la denuncia, el expresidente Rafael Correa reaccionó en su cuenta de X. En varias publicaciones rechazó las acusaciones, aseguró que se trata de una persecución política y sostuvo que los señalamientos en su contra son falsos.
Ahora será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar si existió un uso indebido del sistema de videovigilancia y de establecer posibles responsabilidades dentro de esta investigación.
