El escenario político ecuatoriano atraviesa un momento de alta tensión institucional, marcado por la coincidencia de dos procesos clave: la propuesta de referéndum impulsada por el presidente Daniel Noboa y la impugnación legal al adelanto de las elecciones seccionales de 2026. Ambos hechos, coinciden en un punto crítico: el calendario electoral definido por el Consejo Nacional Electoral, que actualmente se encuentra bajo cuestionamiento.
El Ejecutivo ha enviado al CNE un proyecto de enmienda constitucional corregido que plantea modificar el mecanismo de designación de autoridades de control. La propuesta busca que esta facultad, actualmente en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, regrese a la Asamblea Nacional. La iniciativa se presenta tras un dictamen favorable de la Corte Constitucional del Ecuador, emitido el 21 de marzo, en el que se determinó que el cambio no altera la estructura del Estado ni restringe derechos, habilitando así la vía para un referéndum.
De aprobarse en las urnas, la Asamblea retomaría la competencia de designar autoridades como el Procurador General, el Contralor y los superintendentes, entre otros cargos clave dentro del sistema institucional. El Gobierno sostiene que este cambio fortalecería la democracia y garantizaría mayor transparencia en la elección de altos funcionarios.
La intención del Ejecutivo es que este referéndum se realice junto con las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, una fecha que no es menor dentro del actual contexto político. Sin embargo, este calendario enfrenta un obstáculo legal. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite un recurso presentado por el Partido Social Cristiano, que busca revertir la decisión del CNE de adelantar las elecciones seccionales.
Originalmente, estas elecciones estaban programados para el 14 de febrero de 2027, pero el organismo electoral resolvió anticiparlos al 29 de noviembre de 2026, basándose en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que advierte sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño. No obstante, sectores de oposición consideran que se trata de una alteración indebida de las reglas del proceso electoral. El PSC, además, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el objetivo de frenar el cambio de fecha.
La admisión del recurso por parte del TCE abre un escenario de incertidumbre: si la impugnación prospera, el calendario electoral podría revertirse a su fecha original. Esto tendría implicaciones directas sobre el referéndum impulsado por el Gobierno, cuya planificación depende de que coincida con las elecciones seccionales.
En ese sentido, la eventual modificación de la fecha no solo afectaría la organización logística del proceso electoral, sino también el desarrollo de la consulta popular planteada por el Ejecutivo. En paralelo, la propuesta de reforma constitucional reabre el debate sobre el rol del CPCCS y la concentración de atribuciones en la Asamblea Nacional. Ambos procesos reflejan una disputa más amplia sobre el control institucional y las reglas del sistema político ecuatoriano, en un contexto donde coinciden decisiones electorales, reformas estructurales y acciones legales.
Mientras el CNE avanza con los procedimientos para el referéndum y el TCE analiza la impugnación presentada, el país se encamina hacia un proceso electoral que podría redefinir tanto el calendario político como la arquitectura institucional. La resolución de estos procesos marcará no solo la fecha en que los ecuatorianos acudirán a las urnas, sino también el alcance de los cambios propuestos en la forma de designar a las principales autoridades de control del Estado.
