La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) solicitó al juez de Sucumbíos que ordene el embargo de los 220 millones de dólares. La organización considera injusto que el país deba pagar esta suma, especialmente cuando se trata de un caso relacionado con lo que describen como uno de los peores desastres ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
Las reacciones a la decisión de un tribunal internacional que ordenó al Estado ecuatoriano pagar 220 millones de dólares a Chevron no tardaron en llegar. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, responsabilizó al correísmo de esta situación, argumentando que el problema fue heredado del gobierno de Rafael Correa. Según Morillo, la politización del caso, que ocurrió hace más de diez años, terminó contaminando un proceso judicial legítimo. La ministra calificó la decisión de “injusta” y lamentó que los recursos, que deberían destinarse a los sectores más vulnerables, ahora se usen para pagar una deuda generada por “caprichos” políticos.
La reacción de la ministra fue la primera de un miembro del Gobierno de Daniel Noboa sobre el caso Chevron. El presidente Noboa había estimado que Ecuador tendría que pagar una indemnización superior a los 800 millones de dólares. Por otro lado
El tribunal internacional, que llevaba años evaluando el caso, falló a favor de Chevron, pero la condena fue mucho menor a los 3.350 millones de dólares que la petrolera estadounidense había solicitado. En su fallo, el tribunal aceptó la mayoría de los argumentos presentados por la defensa de Ecuador, estableciendo una indemnización total de 220,8 millones de dólares, compuesta por 180,4 millones de dólares en concepto de capital y 40,4 millones por intereses previos a la sentencia.
Este caso, conocido como «Chevron III», se centró exclusivamente en la cuantificación de daños después de que en 2018 el tribunal ya había establecido la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
